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Bandera de Panamá1Luego de un año de compartir mis opiniones sobre la problemática que nos angustia a todos, me encuentro un panorama que es cada vez más desalentador, pues a pesar de la denuncia cotidiana, aquí no pasa nada, o no pasa lo que queremos los istmeños. Por esa razón decidí en esta entrega tomar prestado el título de un artículo escrito por mi padre hace casi medio siglo, y contribuir a mantener encendido el debate nacional sobre la difícil situación que estamos atravesando.

Los panameños hemos incorporado en nuestro acervo cultural, individual y colectivo, el significado de términos como corrupción, impunidad, clientelismo político, transparencia, pago de coimas sobre costos, blanqueo de capitales, paraíso fiscal, listas negras, y otros iguales o peores. También hemos identificado a las personas y las instituciones que son responsables por estos hechos dolosos y vivimos entre la agonía que nos genera el conocimiento de la realidad cotidiana y la necesidad de cumplir con el deber ciudadano de ponerle coto a esta situación.

Aquí no pasa un día en el que los principales medios nacionales, y algunos internacionales, no nos recuerden con evidencias que nuestros gobernantes adoptan conductas dolosas, contrarias a los principios y valores de la probidad, para su beneficio propio y resultando en graves perjuicios a nuestro patrimonio nacional; que el presumido crecimiento económico beneficia principalmente a un grupo de privilegiados, y prohíja una gran desigualdad que perjudica principalmente a los más pobres y marginados de nuestro país;  que ha sido doloso, ineficiente e inescrupuloso el manejo de nuestras riquezas. En este contexto es válido destacar que más del 50% de los panameños encuestados por la prestigiosa firma Dichter y Neira, consideran como mala o muy mala la gestión de los tres Poderes del estado en 2016, mientras más del 80% consideran que el gobierno, durante ese mismo año, se manejó con poca o ninguna transparencia. Y, encima de todo, por negociar con empresas cuyas prácticas corruptas en el continente y en nuestro país son una realidad demostrada, somos vistos en el escenario internacional, como un país al borde de una crisis institucional, como un paraíso fiscal propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito.

También es conocido que el grupo gobernante no representa a la mayoría de los panameños; que cualquiera de nosotros no puede participar por igual en el ejercicio del poder político; que abundan las denuncias de que la oligarquía controla de forma directa o indirecta, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, violándose claramente el principio de separación de poderes, requisito indispensable para un Estado de Derecho. Y que en medio de un discurso populista, que ya es un patrón de conducta, se toman decisiones arbitrarias, con un alto riesgo político, social y económico; utilizando nuestros recursos para el beneficio político del gobernante de turno.

Como si fuera poco, estamos entrando en una espiral de violencia e inseguridad relacionada con actividades criminales que exponen a la población a un permanente riesgo. Ya no son extraños los casos de tiroteos y ajustes de cuentas en lugares públicos, lo cual nos hace suponer la presencia cada vez más intensa del crimen organizado en nuestro suelo patrio, como nos alerta la Agencia Latinoamericana de Noticias cuando afirma que “la inseguridad en Panamá es una bomba de tiempo a punto de estallar”. Además, como lo reveló la reciente encuesta de victimización realizada por el Sistema Integral de Estadísticas Criminales: “la mayoría de la población no tiene confianza en las autoridades encargadas de prevenir, investigar los delitos, e impartir justicia; lo cual podría ocasionar que las personas se animen a usar la violencia ante una injusticia…”

En nuestro caso, como también señalan los medios, existen evidencias que sugieren que la capacidad de nuestro sistema para hacer justicia se ha visto afectada por las prácticas ya señaladas, por lo que necesitamos con premura de la cooperación internacional. Debemos aprovechar el espacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que nos ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para reforzar nuestros regímenes jurídicos y reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. Además aporta mecanismos para exigir a los Estados Miembros que devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados. Lo que nos protegería de la fuga de nuestros recursos, valiéndose de cuentas en paraísos fiscales.

Llego la hora entonces de trascender la apatía cómoda y el discurso que ya conocemos, recuperar el civismo y actuar en forma organizada y directa, utilizando los mecanismos que la Democracia ofrece para salvaguardarla. Trabajemos en la creación de una gran base social que transforme para bien las maltrechas estructuras de nuestro Estado. Busquemos liderazgo honrado y respetable, que sea capaz de movilizar a la totalidad de la sociedad civil, sin distingo de ideologías ni credos, para recuperar nuestros valores y adecentar el país antes de sea muy tarde.

Digámosle ¡ya basta! a los desgobiernos que nos han agobiado en los últimos lustros y hagamos que nuestra voz se escuche para recomponer nuestra democracia, logrando que en los dos años que le quedan al actual gobierno, los considerables recursos del Estado sean manejados de forma más transparente, y mejor canalizados para el desarrollo solidario y el bienestar social de todos.

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