Los invito la lectura de mi columna de opinión en LEP en la cual me pregunto ¿después de la minería qué?, y reflexiono sobre la necesidad de aprovechar la experiencia vivida y lecciones aprendidas para enfrentar los asuntos pendientes para salvar nuestra democracia y promover el desarrollo sostenible para todos con iniciativas amigables con el ambiente, la salud y el bienestar, generadoras de los ingresos que _supuestamente_ nos proporcionaba la industria minera.

¿Después de la minería qué?

Antes que todo: un reconocimiento a nuestra población

La semana pasada la participación masiva de la población, liderada por nuestra juventud, le dio una lección a este gobierno y sus asociados, consiguiendo con una presencia sostenida en las calles el inicio del proceso irreversible para la derogación de la Ley 406 que aprueba el oprobioso contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

En ese contexto es obligatorio comenzar esta glosa felicitando a nuestros jóvenes, y subrayar que, quedó demostrado que la participación organizada de la sociedad es el mecanismo necesario para ejercer el control integral de la gestión de los gobernantes a fin de garantizar plenamente el goce de nuestros derechos, evitando _como lo fue en este caso_ la imposición de políticas, programas y proyectos que no nos benefician ni forman parte de las políticas que definen la identidad o la economía nacional.

Pero estemos preparados para cerrar la mina…

Pero estemos preparados, porque, una vez que el esperado fallo de la Corte Suprema de Justicia declare y establezca la inconstitucionalidad de la Ley 406 y del nuevo contrato minero, y ratifiquemos que no queremos ser un país minero, deberemos trabajar juntos _ya sin bloqueos ni manifestaciones_ para obligar a la Minera a que ejecute _antes de irse y de manera efectiva_ el plan de cierre para la reforestación y recuperación de las miles de hectáreas devastadas por la industria minera.

Ese plan de cierre de la mina, condición indispensable para restaurar y rehabilitar las 12,955 hectáreas de nuestro territorio concesionadas a la empresa minera por el gobierno, sin que la población tuviera la oportunidad de ejercer su derecho a opinar, cambiar o rechazar el contrato. No menos importante es que nos preguntemos ¿quién va a pagar por ese plan?, ¿la minera sin contrato o nosotros?

Y no olvidemos que algunos especialistas en derecho internacional y arbitraje, coinciden en señalar que, “independientemente la forma que sea empleada para dejar sin efecto la Ley 406 que aprobó el Contrato entre el Estado y Minera Panamá (First Quantum Mineral), ya sea, por medio de una nueva ley que derogue la Ley 406 o una sentencia de inconstitucionalidad que declare que la Ley 406 es inconstitucional, de igual manera, a la empresa le asiste el derecho para demandar al Estado de Panamá ante un Tribunal Internacional de Arbitraje.

Proyectos exitosos que deberemos desarrollar

No menos importante es que vayamos pensando cuáles son los proyectos exitosos que tendremos que desarrollar después de la minería para generar esos cientos de millones de dólares que supuestamente recibiríamos de la industria minera. No me cabe duda de que existen varias posibilidades, por ejemplo: fortalecer y expandir el turismo sostenible en todo el territorio, y mejorar y hacer más competitivas las condiciones de los productores agrícolas, en particular los campesinos y pequeños productores, con el doble objetivo de garantizar los alimentos y cuidar el medio ambiente.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de este artículo a reflexionar sobre la necesidad de aprovechar la experiencia vivida y lecciones aprendidas para enfrentar los asuntos pendientes para salvar nuestra democracia y promover el desarrollo sostenible para todos con iniciativas amigables con el ambiente, la salud y el bienestar, generadoras de los ingresos que _supuestamente_ nos proporcionaba la industria minera.

Es la hora de retomar los Acuerdos del Pacto del Bicentenario

Ahora que muchos se preguntan ¿qué podemos hacer después de la minería?, no me cabe duda de que la mejor y legítima fuente de propuestas para son los 175,922 aportes de la ciudadanía que se consolidaron en 1,300 acuerdos regionales y 187 acuerdos nacionales en el Pacto del Bicentenario. No se trata de un proyecto de un gobierno, retratan las aspiraciones de un país consciente de sus limitaciones, pero entusiasta de las oportunidades para alcanzar un desarrollo sostenible, trazando la ruta del presente y del futuro.

Como señalamos en nuestro informe final , el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas también revela la débil presencia y vigencia de las instituciones públicas; la desigualdad y la falta de inclusión social; los frágiles soportes que afirman la vida y la identidad colectiva; y los marcos legales que aunque existan carecen de la voluntad del Estado, de toda la población, para hacerlos efectivos.

Estas brechas sociales, que además de profundas son apremiantes, demandan políticas de inclusión y de integración, en un período en el que Panamá atraviesa cambios de grandes magnitudes. De ahí la urgencia de revisar las bases del país, adecuarlas según las realidades presentadas en los acuerdos, y fijar pilares nuevos en concordancia con las necesidades surgidas a raíz de la pandemia y ahora, nuestra lucha contra la minería metálica a cielo abierto.

Recuerdo que cuando le entregamos al Ejecutivo el informe final del Pacto, la coordinadora nacional subrayó que el documento recoge las incomodidades, voces y propuestas ciudadanas, expresadas con gran fuerza histórica, enfatizando que, a partir de este momento correspondía comenzar el camino de la acciones que debemos recorrer para hacer realidad el país anhelado por la mayoría.

Luego de dos años sentimos que los Acuerdos del Pacto del Bicentenario no han recibido la acogida esperada, como lo podría demostrar el hecho de que tanto los elementos detonantes de las crisis política de 2022 como el actual rechazo a la minería metálica, fueron señalados _junto con sus respectivas recomendaciones_ por la ciudadanía participante en el Pacto del Bicentenario.

Pero ahí está _vigente y esperando que la población organizada los haga valer_ ese mandato de los ciudadanos convertido en Acuerdos del Pacto del Bicentenario en once áreas temáticas _agro, agua, ambiente, cultura, deportes, economía, educación, Estado, inclusión infraestructura y salud_ para proceder a la acción, romper inercias, superar obstáculos e injustas condiciones para la vida. Ahora es el momento de aprovechar este renovado poder ciudadano para una interpelación a las instituciones actuales y venideras a fin de que cumplan con sus responsabilidades.

El país posible, nuestro futuro, depende de cada uno de nosotros. Los ciudadanos somos parte de la solución. En nuestras manos queda el aprovechar y enrumbar al país. Trabajemos juntos sin agendas personales o políticas.