Para la mayoría de los ciudadanos de recursos financieros escasos o limitados, la Cobertura sanitaria Universal en Panamá, no pasa de ser una quimera. Una ilusión, que no ha sido posible a pesar de las promesas de los políticos de turno y de los miles de millones de balboas que tienen disponibles cada año nuestras instituciones públicas de salud. La población sigue esperando, mientras la situación de nuestro sistema de salud se deteriora, nuestras autoridades no ofrecen la respuesta esperada, parecen tener otra agenda, diferente de la población que los eligió. Además, abunda la evidencia de corrupción impune que pone en riesgo la posibilidad de alcanzar la salud y el bienestar que merecemos, a la vez que impide nuestro pleno desarrollo social y económico.
La cobertura sanitaria universal, parece ser un privilegio reservado para aquellos que pueden pagar por la atención en una clínica u hospital privado, por lo que el gasto privado en salud es muy elevado y representa el 25% o más del gasto total en salud. Es decir que muchas personas deben acudir al sector privado a buscar soluciones (que debería brindar el sector público) para sus problemas de salud. Y muchas de estas personas no tienen los recursos económicos para ello, lo cual contribuye al empobrecimiento de nuestra gente. Y aún esos pocos, tienen que esperar en ocasiones semanas para que los atienda el médico, pues es tal el colapso del sistema público, que el sector privado ha llegado a saturarse, y no son raras las ocasiones en las que no hay cupo en la consulta, o no hay cama disponible, o el salón de operaciones está ocupado y las cirugías se retrasan.
Aunque esto no tiene por qué ser así, no será esta administración la que enfrente y resuelva los desafíos para alcanzar la cobertura usanitaria universal, pues han tenido cuatro años para aprovechar ideas, propuestas, planes y recursos, y no han sido capaces de hacerlo. De hecho, en no pocas ocasiones, han sido parte del problema, favoreciendo la ineficiente fragmentación operativa del sistema público, y creando el espacio propicio para la privatización de los servicios de salud que debe proporcionar de forma expedita y eficiente el sistema público de salud.
Pero nos toca a los panameños vencer la apatía y ejercer nuestro derecho y deber de controlar la gestión pública y acabar de una vez por todas con el clientelismo político que ha facilitado la corrupción impune de los últimos tiempos, así como la incapacidad demostrada para la Gerencia efectiva de la CSS y la necesaria Rectoría del MINSA.
Contamos con los recursos financieros suficientes, como lo demuestra un gasto público en salud cercano al 6% del PIB, condición necesaria para combatir las inequidades y avanzar hacia la cobertura y el acceso universales. Pero este debe ser sostenible, fiscalmente responsable y blindado contra la corrupción. También tenemos suficientes instalaciones públicas en todo el territorio nacional, aunque un elevado porcentaje de ellas adolece de importante deterioro y falta de mantenimiento, lo cual debe corregirse. Y aunque tenemos en promedio suficientes profesionales de la salud, estos no están distribuidos en forma equitativa, contribuyendo a la desigualdad que caracteriza al país.
La principal oportunidad para salvar el sistema de salud y alcanzar la cobertura sanitaria universal en Panamá, son las elecciones que se llevarán a cabo en mayo del 2019. Para ello deberemos elegir a los candidatos que hayan demostrado con su trayectoria poseer los elementos obligados de la ética pública, en especial la probidad en el uso de los recursos públicos.
No menos importante será que muestren y sustenten planes de gobierno basados en el conocimiento científico disponible, trascendiendo los discursos elaborados con palabras agradables y convincentes que buscan engañarnos.
No podemos permanecer apáticos mientras las promesas de campaña quedan incumplidas y la salud y el desarrollo del país van en picada. Estamos obligados a participar activamente y convertir la quimera en realidad.
