Complemento mi publicación inicial sobre este asunto refiriéndome con más detalles a las principales amenazas que enfrenta el sistema de salud que queremos los panameños. Recordemos que los panameños queremos un sistema de salud que nos ayude a alcanzar el bienestar. Que sea capaz de atendernos y sanarnos cuando perdemos la salud y enfermamos. Pero lamentablemente, como lo demuestran las alarmantes noticias casi diarias y las estadísticas disponibles, ese sistema de salud que queremos, no es el sistema de salud que tenemos. Lo peor es que ciernen sobre nuestro sistema Amenazas tangibles para su transformación y fortalecimiento. Veamos las principales…
Clientelismo político y Corrupción impune
Una de las principales amenzas que impide nuestro pleno desarrollo social y económico, y también pone en riesgo la posibilidad de alcanzar la salud y el bienestar que merecemos. Sobre el clientelismo político que prevalece en nuestra administración pública, he comentado en varias publicaciones previas y no ahondaré más. Solo subrayo que es condición necesaria para la corrupción y el delito, pues permite, a cambio de favores, que los bienes públicos sean utilizados discrecionalmente por los detentadores del poder político.
Íntimamente relacionada con el clientelismo (pues sin el primero es más difícil la segunda), está la corrupción impune que ha caracterizado a los últimos gobiernos y es objeto de denuncias cotidianas, sin que se aplique Justicia de forma igual para todos, como ansiamos los panameños. Si no la erradicamos, estamos condenados a fracasar como país. Es un estigma reconocido internacionalmente y perjudica nuestro prestigio. Como lo reconoce y hace público, el índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la transparencia Internacional cuando señala que seguimos estancados en la lucha contra la corrupción. Y afirma que: “los verdaderos cambios institucionales que evidenciarían un compromiso robusto con la transparencia y que solo pueden venir de la voluntad política de las autoridades para ejercer su iniciativa legislativa no se han dado…”
El monto de la corrupción
Y el monto de esa corrupción se puede estimar, como afirma el PNUD: “Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo…” Y agrega que “es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad es inmune…” (lo subrayado es mío).
En ese sentido, las Cuentas Nacionales preparadas por nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos informan que en el período entre 2009 al 2017 (nueve años) el Producto Interno Bruto Nominal alcanzó la suma de 411,343 millones de balboas. Si aplicamos las estimaciones globales del PNUD (recordando que de acuerdo al PNUD ningún país es inmune), el 5% de nuestro PIB pudo haberse quedado en los bolsillos de los políticos corruptos. Esa cifra equivale a más de 20,000 millones de balboas en los últimos nueve años. Imaginemos el impacto negativo que la corrupción tuvo, tiene (y tendrá si no la erradicamos) en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo…
Privatización de la oferta pública de servicios
Marco legal que la prohibe
Otra de las principales amenazas para la transformación efectiva del sistema de salud, es la privatización. A pesar de que el Artículo 70 de la Ley 51 (Orgánica) de la Caja de Seguro Social “prohíbe explícitamente la externalización de aquellos servicios que la Caja de Seguro Social se provee a sí misma y a los asegurados de manera normal”, la percepción generalizada de la población es que las autoridades de la institución (actuales y pasadas) han favorecido esta práctica al no impedir que la Institución se encuentre temporalmente imposibilitada, lo cual les ha autorizado a contratar diversos servicios amparados por el texto de la propia Ley “en esta última circunstancia, las autoridades de la Caja de Seguro Social estarán obligadas a acelerar los procesos que permitan eliminar lo más rápidamente posible la adquisición externa de dichos servicios”.
Aparte de las consideraciones éticas, morales y legales que puede implicar este proceder, y debe ser evaluado, resulta que además riñe con el principio básico de una efectiva tercerización: “La externalización inteligente, es el uso contratado de los recursos, bienes y capacidades de un tercero, con niveles garantizados de los criterios de calidad, rendimiento y valor frente al coste, así como un método de evaluación, con el fin de proporcionar servicios que antes se realizaban dentro de la empresa…”.
Es decir: mejor calidad posible (y esto se consigue mediante una completa evaluación del posible proveedor), al menor precio para la institución que contrata el servicio.
A pesar de ello, como nos recuerda la COMENENAL: “el Proceso de privatización de servicios en la CSS empezó en 2005, cuando a partir de la Ley 51 se permitió la colocación de un 25% de los fondos de IVM en banca de 2º piso privada bajo el argumento de percibir mejor interés financiero. A partir de 2008 hasta la fecha se han externalizado servicios de atención a los pacientes (hemodiálisis, cirugías, anestesias, procedimientos cardiacos), servicios generales de diversos departamentos como aseo, seguridad, lavandería, comedor y mantenimiento…”
Comunicado de la COMENENAL
Y hoy día, en su más reciente comunicado, la COMENENAL informa sobre la crisis de la CCS lo siguiente:
- La más grave crisis de la CSS desde hace 10 meses es el desabastecimiento de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, reactivos y otras tecnologías sanitarias.
- Una nueva escalada de la crisis lo constituyen los últimos comunicados del Complejo Hospitalario Metropolitano donde se está pasando a la atención casi exclusiva de las urgencias, evitando las cirugías electivas y las hospitalizaciones en general.
- ¿Hasta cuándo van a esperar las autoridades para tomar la decisión de salvar a la gente?
- ¿Cuándo tomaran la decisión de atacar decididamente el desabastecimiento y comprar los medicamentos, insumos y reactivos a través del Sistema de las Naciones Unidas, y así salvar vidas?
- Hoy se anuncia la posibilidad de usar la partida discrecional del ejecutivo para comprar medicamentos por compras directas. En este momento esa acción ya no disipa las dudas sobre direccionar dichas compras al círculo cero del gobierno.
- Ahora, parecen también justificar, con el desabastecimiento, la necesidad de externalizar servicios y cirugías; cuando es evidente que todas las externalizaciones nos cuestan más caro.
- Parecen admitir que la intensión de crear la mayor Crisis de desabastecimiento de medicamentos, insumos y reactivos ha sido poder externalizar e incluso intentar privatizar la CSS, llevándola primero a una Crisis de proporciones no vistas antes.
Esto es muy grave panameños, pues se está violando sistemáticamente la Ley Orgánica de la CSS y en ninguno de los casos se ha hecho del dominio público los resultados y beneficios de estas transacciones para la CSS y los asegurados, lo cual introduce serias dudas sobre la conveniencia de introducir relaciones de mercado en salud pública, donde lo que prima es la máxima ganancia y no las prioridades sanitarias de bioseguridad para la población.
Modelo económico que beneficia principalmente a una pequeña parte de la población y pone en riesgo la sostenibilidad de nuestros logros en salud.
La profunda desigualdad que nos caracteriza, generada por un modelo económico que beneficia principalmente a una pequeña parte de la población, pone en riesgo la sostenibilidad de nuestros logros en salud. Esta distribución desigual de riquezas y recursos es también ottra de las principales amezas que perjudica claramente a la población de nuestras comarcas, provincias más pobres, y parte de las personas que viven hacinadas en los distritos y corregimientos más pobres de las principales provincias; como lo demuestran los resultados de la aplicación del Índice de Pobreza Multidimensional en el país.
Información del IPM
“Los resultados para el año 2017 indicaron que el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19.1%, lo que representó en términos absolutos 777,752 personas. En cuanto a hogares, se encontraron en condición de pobreza multidimensional el 12.2%, lo equivalente a 138,410 hogares.
Al desagregar la información por áreas geográficas, los resultados de esta medida fueron consistentes con la tendencia de los valores mostrados en otros métodos de medición de pobreza utilizadas y aplicadas en el país. Por ejemplo, en las comarcas indígenas fue en donde se presentó las mayores proporciones de personas pobres multidimensionales e inclusive, en el mismo orden observado cuando se realizan los análisis de pobreza monetaria. En el caso de pobreza multidimensional la incidencia fue: Comarca Ngäbe Buglé (93.4%), Comarca Guna Yala (91.4%) y Comarca Emberá (70.8%). El promedio de estos tres valores supera en 4.5 veces el valor del promedio nacional, lo que evidencia también con esta medida una la disparidad existente y que ya era previamente conocida”.
Pobreza y salud
La influencia negativa en la salud en las comunidades más pobres y vulnerables del país queda demostrada al examinar los indicadores que demuestran con mayor claridad el impacto de la pobreza multidimensional en la salud de las personas: la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Veamos las siguientes gráficas.
Mientras que la esperanza de vida de un panameño de la ciudad es de 80.6 años, en nuestras Comarcas Indígenas apenas llega a 71 años. De hecho, los habitantes de nuestras provincias más ricas, viven casi diez años más y en mejores condiciones que los panameños de nuestras tres Comarcas.
Peor ocurre para la mortalidad infantil, la cual es dos o tres veces mayor en las Comarcas que en las provincias más ricas; y con la mortalidad materna que es cuatro veces mayor en las Comarcas que en las provincias con menor IPM. Sin embargo, aunque a mayor Índice de Pobreza aumenta claramente la mortalidad materna, para la mortalidad infantil es irregular este aumento, lo que hace suponer que las madres cuidan más a sus recién nacidos, que, a ellas mismas, o la existencia de otras intervenciones no evaluadas, o un subregistro.
La persistencia de condiciones adversas de salud principalmente entre la población más pobre del país, hace suponer que esta problemática no ha sido una prioridad real en la agenda política de nuestros gobernantes, que han estado más preocupados en construir e inaugurar edificaciones, muchas veces innecesarias y, en no pocos casos, sin equipamiento ni recursos humanos adecuados. No se han ocupado de manera efectiva en fortalecer la capacidad de resolución del sistema de salud y mucho menos para promover lo suficiente las condiciones sociales que permitan actuar sobre los factores Determinantes de éstas.
Apatía de la población, que no ejerce el control social de la gestión del gobierno
No menos importante que las principales amenzas señaladas antes, es la apatía de la población. En “Participar para salvar la democracia”, citando a Jean-Jacques Rousseau, manifesté que: “El momento en que alguien dice: ‘¿Y a mí qué me importa?’ con relación a los asuntos del Estado, ese Estado debe considerarse perdido”.
Y es que aquí nuestra democracia es únicamente representativa, y para el beneficio de la pequeña élite, como pareciera corroborarlo una mirada a los titulares de nuestros principales periódicos, donde se denuncia diariamente toda clase de negociados con nuestros recursos, mientras el Gobierno no se da por aludido y la mayoría de los panameños de cualquier generación nos mantenemos apáticos e indiferentes. ¿Qué nos pasa?, ¿por qué esa falta de emoción, motivación o entusiasmo ante la debacle que amenaza con acabar con el país? ¿Por qué somos indiferentes y preferimos limitarnos a vivir nuestras vidas con la comodidad que podamos?, sin dar el paso y participar de manera activa y propositiva.
Aprovechemos el marco constitucional
A pesar de contar con el marco constitucional y legal que nos permite incidir en la toma de decisiones de los entes públicos, los ciudadanos hemos sido cómplices silenciosos en este desgobierno. Salvo escasas manifestaciones, la mayoría hemos permanecido indiferentes, renunciando tranquilamente a nuestro derecho de fiscalización, control y ejecución de la mayoría de los asuntos políticos, administrativos, ambientales, económicos, sociales, culturales y de interés general. Lamentablemente, hemos limitado el ejercicio de nuestra ciudadanía a votar en las elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir beneficios sociales del Estado o cualquier otra práctica específica.
Y dentro de esa limitada visión nos quedamos cortos, pues en las pasadas elecciones cerca del 25% de los ciudadanos habilitados para votar no ejercieron su derecho, y los que votaron lo hicieron seducidos por las promesas de campaña, muchas de las cuales vemos hoy incumplidas.
Por otro lado, nuestra libertad de expresión se limita al chateo, muchas veces sin fundamento, en redes sociales y conversaciones de café. Pero esto no puede seguir así. Estamos en ese “límite crítico” que amenaza con destruir nuestra paz social, bienestar y democracia.
Necesitamos con urgencia desarrollar una ciudadanía responsable, activa y solidaria para romper la cultura de corrupción e impunidad, ejerciendo plenamente nuestro derecho ciudadano para exigir ahora todos juntos las rectificaciones necesarias, y elegir en el año 2019 dirigentes probos y comprometidos que pongan fin a la pobreza y nos ayuden a erradicar la corrupción, reducir las desigualdades, promover el desarrollo sostenible y salvaguardar nuestra democracia.
