La reciente publicación de la CEPAL titulada Ineficiencia de la desigualdad, documento coordinado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la colaboración de Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto Interino; nos recuerda que “la región de América Latina y el Caribe enfrenta un escenario de oportunidades, pero también de incertidumbres globales en un momento en que sus economías requieren transformaciones profundas y urgentes. Avanzar por un camino de mayor igualdad no es solo un imperativo ético en una región con brechas sociales que se expresan en diversos ámbitos; es también condición necesaria para acelerar el crecimiento de la productividad, internalizar y difundir la revolución digital, transitar hacia la sostenibilidad ambiental y proveer un marco institucional que permita actuar en un mundo en el que se conjugan grandes desequilibrios con enormes posibilidades”. Subraya, además, como si estuviera refiriéndose a Panamá, que: “aunque el crecimiento económico de gran parte de los países de la región se ha acelerado en el último año, su dinámica de largo plazo continúa limitada por una macroeconomía poco favorable a la inversión y la diversificación productiva, una insuficiente incorporación de tecnologías, grandes brechas sociales y crecientes costos ambientales…”.
Una referencia a los sectores sociales
En ese contexto, refiriéndose a los sectores sociales nos dice Alicia Bárcena en el prólogo del documento que “…no solo en lo social se juega lo social, señalando con ello que las brechas sociales tienen determinantes en los ámbitos macroeconómico, productivo, institucional, territorial, cultural y de relaciones de género”. Reitera que “La igualdad es un compromiso ético ineludible y la igualdad de derechos, al constituir un valor intrínseco de la ciudadanía y del humanismo moderno, debe cuajar en instituciones, estructuras y políticas que permitan avanzar hacia el cierre de brechas”.
El documento pone de manifiesto que “…las brechas y rezagos sociales tienen un impacto negativo en la productividad, la fiscalidad, la sostenibilidad ambiental y la mayor o menor penetración de la sociedad del conocimiento. Dicho de otra manera, la desigualdad es ineficiente, es un obstáculo al crecimiento, el desarrollo y la sostenibilidad…”.
“Los rezagos en materia de capacidades, determinados por brechas de aprendizajes en las trayectorias formativas y por una educación desfasada de las destrezas requeridas para acompañar los cambios del mundo productivo, son un obstáculo a la innovación y difusión del progreso técnico. La desnutrición tiene enormes costos para la productividad y repercute en los gastos en salud a lo largo de la vida, sean financiados privadamente o por el sistema público. Los déficits en la protección social también afectan las capacidades y suelen, a la vez, diferir los costos y aumentarlos, vale decir, son una mala inversión en el mediano plazo. La informalidad laboral plantea serias restricciones al financiamiento de los sistemas de pensiones, en particular ante el envejecimiento de las sociedades. La carga femenina del cuidado no solo restringe la autonomía de las mujeres, sino que limita sus contribuciones provenientes de ingresos laborales al bienestar de los hogares y a la economía en su conjunto. La desigualdad implica un enorme desaprovechamiento de talentos y capacidades humanas. Además, afecta y corroe la legitimidad política, la deliberación democrática y la convivencia pacífica, exacerbando la violencia y la violación de derechos…”
“Es, pues, indispensable una nueva articulación entre estructura productiva y régimen de bienestar. En consonancia con el aumento del producto por habitante, los países de la región deben expandir su gasto social y su capacidad de financiamiento de las políticas sociales para construir y fortalecer el estado de bienestar en el contexto de las profundas transformaciones del mundo del trabajo, la transición demográfica y la intensificación de las migraciones. Ello requiere reformar los sistemas tributarios para hacerlos progresivos, enfrentar la evasión y la elusión fiscales, limitar los incentivos tributarios y mejorar la efectividad del gasto social…”.
Reflexiones sobre la ineficiencia de la desigualdad
El tema de la desigualdad lo he abordado en diferentes ocasiones. Veamos una breve reseña de algunos artículos que considero más relevantes
¿Es sostenible nuestro desarrollo?
Publicado en La Prensa en el 2016. Allí, refiriéndome a la desigualdad en Panamá, manifestaba que “para alcanzar las metas de los ODS, es fundamental abordar el problema de la desigualdad” y que, de acuerdo al secretario general de la ONU, en su mensaje con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: “Los gobiernos y sociedades tienen la obligación de abordar las desigualdades socioeconómicas sistémicas y facilitar la participación de todas las personas que viven en la pobreza extrema para que puedan construir un futuro más equitativo, sostenible y próspero para todos…”.
Concluí en ese entonces que, a pesar de las optimistas declaraciones del Ejecutivo, que no pasan de ser declaraciones de buenas intenciones, mi opinión, como lo demuestra la información disponible, es que “nuestro desarrollo no será sostenible en medio de la desigualdad predominante y serán necesarios profundos cambios estructurales en lo político y económico, que permitan abordar de forma efectiva y sistemática las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de desarrollo que funcione para todas las personas. Gobierno y sociedad estamos obligados a dar respuestas apropiadas a las múltiples dimensiones que permiten a las personas vivir vidas que consideran valiosas…”.
¿Serán sostenibles nuestros logros en Salud?
Aunque falten trece años para la fecha límite de las Metas del ODS sobre Salud, consideré necesario hacernos la pregunta de si juntos, Gobierno y Sociedad”, podremos cumplir con nuestra obligación de “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”. Mi conclusión, basado en los informes del PNUD, el Banco Mundial y nuestro propio informe de logro de los ODM, fue, y es, que nuestra desigualdad es injusta e insostenible. Y “a menos que coloquemos la equidad como imperativo ético para orientar, informar y definir las prioridades de la acción política en materia de salud y bienestar; no alcanzaremos las Metas de Objetivos de Desarrollo del Milenio…”
Equidad en salud, desigualdad y pobreza multidimensional
Volví a preguntarme si en medio de la desigualdad irrefutable que nos caracteriza y las casi diarias denuncias de corrupción en los tres Poderes del Estado, es posible alcanzar la equidad en salud y educación.
Para comenzar recordemos que los resultados de la medición del índice de pobreza multidimensional (2017) indicaron que:
“el porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19.1%, lo que representó en términos absolutos 777,752 personas. En cuanto a hogares, se encontraron en condición de pobreza multidimensional el 12.2%, lo equivalente a 138,410 hogares. Al desagregar la información por áreas geográficas, los resultados de esta medida fueron consistentes con la tendencia de los valores mostrados en otros métodos de medición de pobreza utilizadas y aplicadas en el país.
Por ejemplo, en las comarcas indígenas fue en donde se presentó las mayores proporciones de personas pobres multidimensionales e inclusive, en el mismo orden observado cuando se realizan los análisis de pobreza monetaria. En el caso de pobreza multidimensional la incidencia fue: Comarca Ngäbe Buglé (93.4%), Comarca Guna Yala (91.4%) y Comarca Emberá (70.8%). El promedio de estos tres valores supera en 4.5 veces el valor del promedio nacional, lo que evidencia también con esta medida la disparidad existente y que ya era previamente conocida. En cuanto a las provincias, las tres con mayor porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional y por encima del promedio nacional, fueron: Bocas del Toro (44.6%), Darién (40.0%) y Coclé (22.6%). En las dos primeras habitan una amplia población indígena, 62.6% y 31.1% respectivamente, Mientras en el resto tienen menores proporciones: Los Santos (4.2%), Herrera (7.2%) y Panamá (8.5%).”
En cuanto a los componentes del IPM se encontró que:
“siete indicadores explican el 60.2% del índice: logro educativo insuficiente (12.4%), precariedad del empleo (11.9%), manejo inadecuado de los desechos (8.4%), desocupado y trabajador familiar (7.7%), carencia y disponibilidad de fuentes de agua mejorada (7.1%), acceso a servicios de salud (6.4%) y repitencia escolar (6.4%). Por lo anterior, cualquier intervención que afecte alguno de estos indicadores, tendrá un mayor impacto potencial en los cambios de la pobreza multidimensional”.
La necesidad de mejorar la salud en las comunidades más pobres y vulnerables del país atacando las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, queda demostrada al examinar los indicadores que demuestran con mayor claridad el impacto de la pobreza multidimensional en la salud de las personas. Así tenemos que de acuerdo al INEC; mientras que la esperanza de vida de un panameño de la ciudad es de 80.6 años, en nuestras Comarcas Indígenas apenas llega a 71 años. De hecho, los habitantes de nuestras provincias más ricas viven casi diez años más y en mejores condiciones que los panameños de nuestras tres Comarcas. Peor ocurre para la mortalidad infantil, la cual es dos o tres veces mayor en las Comarcas que en las provincias más ricas; y con la mortalidad materna que es cuatro veces mayor en las Comarcas que en las provincias con menor IPM.
La persistencia de condiciones adversas de salud y educación principalmente entre la población más pobre del país hace suponer que esta problemática no ha sido una prioridad real en la agenda política de nuestros gobernantes, que han estado más preocupados en construir e inaugurar edificaciones, muchas veces innecesarias y, en no pocos casos, sin equipamiento ni recursos humanos adecuados.
Salud para todos en Panamá: ¿es posible?
Manifesté que el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. En ese contexto puse de relieve la necesidad de no perder de vista que el desarrollo de un sistema de salud como el que queremos, que incorpore intervenciones multisectoriales, introduciendo la cobertura universal de salud para mejorar la salud y sus determinantes; requiere de resolver los asuntos que tenemos pendientes en el contexto político, social y económico que vive el país, caracterizado por denuncias diarias de clientelismo y corrupción en los tres Poderes del Estado, así como una gran desigualdad e inequidades de todo tipo en medio de un crecimiento económico que ha beneficiado principalmente a la oligarquía gobernante y sus aliados, como lo demuestran la distribución de la pobreza multidimensional en el país y los indicadores del impacto de esta pobreza en la salud de las personas: la esperanza de vida, la mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna.
Conclusión:
Para Panamá es un imperativo ético avanzar por un camino de mayor igualdad que consiga cerrar las brechas sociales que son evidentes en diferentes ámbitos de nuestra vida. Para ayudarnos a enfrentar el gran desafío de la injusta desigualdad, los panameños hemos producido al menos tres documentos que solo esperan ser llevados a la práctica para hacer prevalecer los intereses de la población: los Acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2007), la Estrategia Panamá 2027 y recientemente el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030. Subrayo que este último documento reconoce que “los altos niveles de pobreza y desigualdad según territorios ocasionan que grupos importantes de la población no acumulen capital humano ni social, así como tampoco desarrollen capacidades que les permitan generar los niveles de ingreso requeridos para satisfacer sus necesidades básicas”. En ese contexto se formulan estrategias para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, centrada en la equidad y el desarrollo; la profundización de la democracia realmente participativa, no solo electorera; la recuperación de la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el servicio público; así como la efectiva participación ciudadana en el control de la gestión pública.
¡Avancemos pues…!
