La corrupción en salud es el más importante Determinante Social del desempeño del sector salud, y por ende limita la posibilidad de alcanzar los logros deseados en Salud, el bienestar y la vida. La posibilidad de su presencia la favorece el contexto político, social y económico definido por la clase gobernante de un país. Implica la distribución del poder, el dinero y los recursos; y determina las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Lamentablemente nuestro escenario político es percibido por la población y denunciado diariamente en los medios, como un claro determinante social de inequidades, ineficiencia pública y corrupción impune, como lo señaló la última Encuesta de Opinión Pública llevada a cabo por la firma Dichter & Neira, a quien por cierto extrañamos: “…a pesar del crecimiento económico y la expansión del Canal de Panamá, lo político se percibe anda al garete. Dicho en otras palabras, porque lo económico anda bien, lo político se siente aún peor. Se percibe que cuando hay de donde repartir, la corrupción encuentra su momento más propicio para aparecer…” Valga pues esta introducción para compartir hoy con ustedes información y algunas reflexiones del impacto de la corrupción en los determinantes sociales de la salud y por ende en la salud de la población.
La corrupción en Panamá
Situación internacional de acuerdo a NNUU
El año pasado las Naciones Unidas, de las cuales formamos parte, celebramos el Día Internacional contra la Corrupción con el lema “Unidos contra la corrupción para el desarrollo la paz y la seguridad”. Lamentablemente no le dimos la relevancia que le corresponde, pero se entiende porque pondría en apuros a más de uno en este país. Además el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) aunaron fuerzas en la campaña internacional contra la corrupción, centrándose en cómo la corrupción tiene un impacto en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo.
De acuerdo a NNUU “la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades. Ningún país, región o comunidad es inmune. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo…”
Situación en Panamá aplicando estimaciones del PNUD
Nuestro PIB en los últimos diez años fue de 287,400 millones de balboas. Pero de acuerdo a las estimaciones globales que nos señaló el PNUD, el 5% pudo haberse quedado en los bolsillos de los políticos corruptos. Esa cifra equivale 14,400 millones balboas en los últimos diez años. Imaginemos el impacto negativo que la corrupción tiene en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo.
Ante esta realidad y a pesar de las denuncias cotidianas de corrupción en nuestro país, los panameños nos la hemos arreglado para soportar, sin llegar a la violencia colectiva, los abusos de cometidos por nuestros gobernantes. No nos detenemos a pensar en la inmensa deuda externa que tendrán que pagar nuestros hijos, ni en el desarrollo que pudiéramos tener, si los recursos de esa bonanza no fueran expoliados como lo son, beneficiando principalmente el gobierno de turno, conformado la mayoría de las veces, por los millonarios de nuestra sociedad y sus aliados. Pero esto no puede seguir así, necesitamos con urgencia romper la cultura de corrupción e impunidad, desarrollando, como afirma el PNUD, “un enfoque de gobernanza total que incluya, entre otras cosas, la creación de instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles; el fortalecimiento del Estado de derecho, garantizar el acceso equitativo a la justicia y el acceso público a la información”
Con este panorama en mente analicemos la situación de algunos indicadores de salud, enfermedad y muerte, así como sus factores de riesgo, y reflexionemos sobre cuáles estrategias e intervenciones se dejaron de hacer para alcanzar la salud para todos, y se pudieron y podemos hacer cada año si contamos con esos miles de millones de balboas que van a parar a los bolsillos de políticos corruptos. No afirmo que solo por el robo de dinero tenemos una determinada situación de salud, pero si afirmo que es un factor determinante de muchísimo peso.
El impacto de los determinantes sociales en las Enfermedades no Transmisibles
Comienzo subrayando que los DSS explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias, que influyen en la salud, son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas y del buen uso de los recursos públicos. A su vez las Enfermedades no Transmisibles, ENT, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, todas relacionadas de forma directa con factores de riesgo modificables.
En ese contexto hace unos días la Directora de la Organización Panamericana de la Salud afirmó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que “Un compromiso político fuerte y políticas públicas que involucren a todos los sectores del gobierno son necesarios para enfrentar a las enfermedades no transmisibles, que causan 5,2 millones de vidas al año y traen costos enormes para los países de las Américas”. Agregó la Directora de la OPS que “El mensaje es claro: lo que se ha alcanzado hasta ahora en la prevención de enfermedades no transmisibles aún es inadecuado. Los avances en las enfermedades no transmisibles dependen del compromiso político, en particular de los gobiernos nacionales trabajando de una manera multisectorial para poner la salud de las personas primero, antes que la política, las ganancias y la promoción personal”. Coincido con la necesidad de reforzar el compromiso político, pero igual o más importante debe ser el compromiso de la población por cambiar los hábitos y estilos de vida malsanos que están directamente relacionados con las enfermedades no transmisibles.
Para los panameños este mensaje es clarísimo pues como nos informa la Contraloría General de la República de Panamá que cada año fallece en el territorio alrededor de 9,000 personas por enfermedades circulatorias, tumores y diabetes mellitus y en cada caso la tendencia es al aumento. Estas tres enfermedades crónicas no transmisibles están relacionadas en forma directa con estilos de vida asociados a factores de riesgo para la salud y la vida, y con la insuficiente capacidad de nuestro sistema público de salud para la promoción de la salud, prevención y tratamiento oportuno y apropiado.
Muchas de estas muertes pudieron evitarse o postergarse, evitando los factores de peligro asociadas a ellas. Y no perdamos de vista el impacto socioeconómico de las ENT. De hecho, de acuerdo a declaraciones de las autoridades nacionales, el tratamiento de las personas con ENT le cuesta al país alrededor del 3.5% de nuestro PIB, lo que equivaldría a cerca de 3,000 millones de balboas cada año.
Para enfrentar esta situación tenemos algunos avances, pero no los suficientes, como lo demuestran los indicadores arriba señalados. Cierto es que tenemos una Política Nacional de Salud, que propone “Vigilar y controlar los factores determinantes de la salud para la reducción de riesgos, amenazas y daños a la salud pública”. También son loables nuestros avances en el terreno legal, como por ejemplo nuestra legislación antitabáquica, pero estamos en deuda en el abordaje sistemático y efectivo de factores de riesgo como el consumo de alcohol y las dietas poco saludables. No menos importante ha sido el desarrollo del Censo de Salud Preventiva, que lleva a cabo intervenciones de detección, y atención para reducir la carga de enfermedades no transmisibles. Pero aún resta mucho por hacer para promover la salud mediante la educación, el mercadeo social y la participación social, incorporando los derechos humanos, el enfoque de género e interculturalidad, como reza el Eje III de la citada Política Nacional.
Pero lo más importante es el compromiso de la población de cambiar sus estilos vida. Evitar la comida chatarra, disminuir el consumo de alcohol, no fumar bajo ninguna circunstancia, practicar suficiente actividad física y hacer lo posible por manejar el estrés urbano al que estamos sometidos los ciudadanos que habitamos las principales ciudades del país.
El impacto de los determinantes sociales en los accidentes de tránsito
El principal riesgo en el corto plazo son las lesiones y muertes por choques de vehículos automotores, caídas, ahogamientos y quemaduras. En Panamá de acuerdo a las estadísticas que nos ofrece el INEC cada año fallecen en promedio más de 450 personas en accidentes de tránsito. La mayoría de los accidentes y las muertes fueron durante los fines de semana y días feriados. Siguen siendo las principales causas de estos fallecimientos: el exceso de velocidad, las distracciones como chatear frente al volante, el estrés cotidiano, manejar bajo los efectos del alcohol, la impericia y el incumplimiento de los reglamentos de tránsito, como el no usar el cinturón de seguridad o, en el caso de los motociclistas, no usar casco. Muy preocupante es el hecho de que el año pasado, las muertes por atropello y fuga se incrementaron en el país un 20 por ciento, lo que implica, además de lo anterior, una falta de solidaridad y humanidad. En Panamá este tema debería ser de la más alta prioridad nacional, tanto del Gobierno, como de la Sociedad, pero no lo ha sido, como lo demuestran las cifras que nos proporciona el INEC.
Impacto de la desigualdad socioeconómica en la esperanza de vida, la mortalidad materna y la mortalidad infantil.
Es claro que las desiguales condiciones sociales y económicas, y sus efectos en la vida de la población, determinan el riesgo de enfermar y las medidas que se adoptan para evitar que la población enferme, o para tratarla. Y ojo, que no se trata de afirmar irresponsablemente que la desigualdad es totalmente evitable, no lo es, pero debe reducirse la brecha, que sí es reducible, para que todos gocemos de la mejor salud y el mayor bienestar posible de acuerdo a la riqueza del país y las políticas sociales.
La gráfica nos muestra como a medida que aumenta la pobreza y disminuye el Indice de desarrollo humano; disminuye la esperanza de vida y aumenta tanto la mortalidad materna como la mortalidad infantil. Es decir que el sistema que propicia la desigualdad condena a los más pobres a vivir menos, aumenta el riesgo de las madres y recién nacidos de morir en un evento que debería ser una celebración.
¿Qué podemos hacer?
Sobre el tema de la corrupción las NNUU nos hacen un “Llamado a la Acción”, para que cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se unan contra la corrupción en la vida cotidiana. Destaco la necesidad de “sensibilizar al público, los medios de información y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona la corrupción en servicios clave como la educación y la salud. Toda la sociedad se beneficia cuando los servicios básicos funcionan bien…”
De acuerdo al Informe de la Comisión de la OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud titulado “Subsanar las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud debemos:
- Mejorar las condiciones de vida;
- Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos;
- Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones.
Finalmente, para reducir el impacto de las ENT en las personas y la sociedad nos recomienda la OMS:
- Aplicar un enfoque integral que haga que todos los sectores, incluidos entre otros los de la salud, las finanzas, el transporte, la educación, la agricultura y la planificación, colaboren para reducir los riesgos asociados a las ENT y promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas.
- Fortalecer la detección precoz de las ENT y sus factores de riesgo.
- Seguir los progresos realizados y la evolución de las ENT y sus factores de riesgo.
En cualquier caso es absolutamente necesario el compromiso del gobierno, la participación y vigilancia de la sociedad organizada.
