En medio de la desesperanza y agobiado por las frecuentes noticias de corrupción y clientelismo en los tres Poderes del Estado, los invito a no dejarnos distraer, reflexionar el riesgo que corre nuestro sistema de pensiones y exigir que se convoque “ya mismo” a un diálogo nacional para abordar este vital asunto. Para ayudarnos en este quehacer la última edición del Panorama Social de América Latina, la CEPAL responde a preguntas sobre tres grandes temas: la desigualdad de ingresos de las personas y los hogares y su relación con la dinámica del mercado laboral, la evolución de la pobreza y sus determinantes, y los efectos de los sistemas de pensiones en la igualdad.
Apuntes sobre la publicación Panorama Social
Además del análisis sobre pobreza y desigualdad de ingresos en la región, la publicación del Panorama Social de América Latina “se concentra en las desigualdades en el mercado de trabajo y su vínculo con el acceso a la protección social. Este examen se enfoca, en particular, en los sistemas de pensiones. Se indaga en la cobertura y suficiencia de sus prestaciones y en las desigualdades que el diseño y el funcionamiento de estos sistemas pueden reproducir y amplificar o, por el contrario, reducir. En especial, se evalúa la capacidad de los sistemas de pensiones para contribuir al pleno ejercicio del derecho a la seguridad social y a la protección social y, con ello, al avance hacia la igualdad en América Latina. Se parte de la premisa de que los sistemas de pensiones son fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía en los países, pues proporcionan mecanismos de protección de los ingresos ante los riesgos de vejez, invalidez y muerte. Por lo tanto, desempeñan un papel esencial para cautelar los niveles de bienestar de las personas precisamente cuando sus posibilidades para generar ingresos propios disminuyen y, de ese modo, velar por su inclusión social”.
Nos recuerda la CEPAL que “las prestaciones de los sistemas de pensiones contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad y, según el diseño que adopten, pueden constituir un mecanismo de solidaridad fundamental entre las generaciones y dentro de ellas para hacer frente, de manera colectiva, a riesgos de magnitud y ocurrencia inciertas. Es por eso que la discusión sobre el diseño de los sistemas que ofrecen estas prestaciones, los recursos necesarios para su sostenibilidad y expansión y sus efectos en materia de pobreza e igualdad, incluida la igualdad de género, es tan vigente y relevante. Ello cobra especial importancia en momentos en que se agudizan los desafíos laborales, demográficos y económicos en la región y en diversos países se debate sobre probables nuevos procesos de reforma de los sistemas”.
El documento enfatiza la necesidad de que se consoliden sistemas de pensiones de cobertura universal y con un fuerte componente de solidaridad para la igualdad. Para ello “propone un pacto social para el desarrollo sostenible y la igualdad con el que se debería buscar: i) ampliar la cobertura; ii) mejorar la solidaridad del componente contributivo mediante reglas para los cotizantes que beneficien a los sectores con pensiones insuficientes; iii) integrar los esquemas contributivos y no contributivos; iv) mantener los incentivos a la contribución, y v) garantizar la sostenibilidad financiera, junto con transversalizar una perspectiva de igualdad de género en su formulación”.
Breves reflexiones sobre el sistema de pensiones en Panamá
Este es un asunto vital para los panameños, que debemos exigirle al gobierno que cumpla con sus promesas de convocar ahora un diálogo para tratar el tema de las finanzas de la CSS, que nos asegure una pensión suficiente para vivir de forma digna y cómoda al jubilarnos; lo cual no parece ser el futuro más probable pues aunque algunos voceros del gobierno afirmen lo contrario; lo cierto es que “al beneficio definido basado en la solidaridad donde las generaciones presentes apoyan a las que ya están pensionadas, se le agotarán las reservas aproximadamente en una década”, como afirmaba el anterior Director de la CSS y no ha sido desmentido que yo sepa…
La pregunta que surge de la gráfica me la hice hace dos años en este mismo blog, y debe ser la orientadora del “Diálogo prometido” (si es que se da). Es categórica y de urgente respuesta: ¿Cómo cerrar la brecha de financiamiento del PIVM sin perjudicar a los asegurados y a la población? Para ello hay que preguntarse antes: ¿cómo aumentar los ingresos?, y ¿cómo disminuir, o mantener estables los egresos?
En todo caso, los panameños no podemos aceptar tranquilamente que desde el 2014 nos informen sin empachos las autoridades que no conocen el verdadero estado financiero de la institución, y están a la espera de que el “equipo de actuarios de la entidad” termine y entregue el análisis correspondiente”. Pareciera que están planeando “pasar agachados”, como hizo la anterior administración, y pasarle al próximo gobierno los costos sociales y políticos de esta falencia.
Debemos exigir que se retome el prometido diálogo y la búsqueda de opciones factibles y viables. Eso sí, teniendo muy en cuenta “las reformas que se introduzcan pueden tener efectos considerables y positivos en términos de reducción de la pobreza y aumento de la igualdad y el bienestar de las personas —avanzando en el camino de fortalecimiento de sistemas públicos y solidarios— o, por el contrario, efectos regresivos en contextos donde se afecten derechos ya alcanzados por la ciudadanía y se restrinjan las condiciones de acceso a las prestaciones…” (CEPAL 2017).
No menos importante es preguntarnos ¿Cuál es el Programa de Pensiones que queremos los panameños y cómo lo conseguimos eso?
Lo primero que debemos considerar es ¿de cuáles panameños estamos hablando? Y al margen de las consideraciones de clase social o ingreso económico que son harto conocidas y nos llevan a la conclusión fácil y no demostrada por ningún estudio que yo conozca, de que “los ricos quieren un seguro privado y los pobres uno público”; hay que pensar en términos de edad y valores culturales de la mayoría de los panameños. Y, de acuerdo a estimaciones del INEC para el 2017, el 70% de nuestra población total, tenía entre 15 y 60 años. En tanto que el 30% somos mayores de 60 años.
Entonces la primera tarea es hacerles la pregunta a nuestros trabajadores (no jubilados), que son la mayoría. Estamos dando por sentado que todos en Panamá preferimos el fondo público y que todos abrazamos el principio de la solidaridad entre generaciones, y entre ricos y pobres. Pues puede que no sea el caso y las nuevas generaciones, sin dejar de ser solidarios, piensen diferente en cuanto a la mejor opción para todos.
Estoy seguro de que nuestros expertos tendrán alternativas legales, económicas y financieras para someter al debate en el diálogo prometido. Solo subrayo que deberemos garantizar que las reformas que propongamos contribuyan a reducir la desigualdad existente en el país, y que en el manejo del Fondo, sea público o privado, prevalezca la honradez, la transparencia y la rendición sistemática de cuentas.
