La privatización de los sistemas de pensiones en los últimos cuarenta años en América Latina, es descrita magistralmente en el reciente libro de Carmelo Mesa-Lago titulado: “Cuatro décadas de privatizaciones de sistemas de pensiones en América Latina”. Publicado por la Fundación Friedrich Ebert. De acuerdo con el propio autor, “acomete esta difícil tarea en un tema tan polarizado, con sumo respeto a las opiniones diversas a la mía y un esfuerzo en mantener la objetividad académica, con la esperanza de que este estudio estimule una profundización del debate de manera profesional y que sirva a otras naciones en el mundo que están contemplando o pudieran considerar una reforma de sus sistemas de pensiones, para extraer lecciones de la diversa y rica experiencia latinoamericana”.

Para los panameños esta publicación debe ser un referente obligado en este momento en que, finalmente vamos a comenzar el necesario diálogo nacional para analizar la situación y proponer soluciones para salvar el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Estamos obligados de conseguir un consenso sobre las medidas necesarias, ya sean estas paramétricas, estructurales u otras, para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, el cual, dicho sea de paso, enfrenta su hora más crítica, y si no es ahora, pues despidámonos de nuestro sistema de Pensiones.

Para poner en contexto el asunto de la porivatización de los sistemas de pensiones, el autor comienza recordándonos las diferencias entre los sistemas públicos y los sistemas privados, señalando que: “un sistema público de pensiones se caracteriza por prestación definida (establecida por la ley), financiamiento por reparto (o fondo colectivo parcial) y administración pública, mientras que un sistema privado es tipificado por contribución definida (se asume que no cambia en el tiempo), capitalización plena en cuentas individuales y administración privada”.

A renglón seguido nos recuerda que, “entre 1981 y 2008, once países latinoamericanos la mayoría con patrocino del BM, implementaron reformas estructurales en sus sistemas de pensiones, las cuales cerraron o redujeron substancialmente el sistema público. Por el contrario, una reforma paramétrica mantiene el sistema público, pero con cambios para hacerlo más sostenible financiera y actuarialmente, por ejemplo, aumentando la edad de retiro, cambiando la fórmula de cálculo de la pensión, ajustando las prestaciones o una combinación de esas medidas”.

Agrega el autor que, “las reformas estructurales reemplazaron total o parcialmente los sistemas públicos por sistemas de pensiones privados (aunque pueden tener un componente público), estos no fueron iguales porque adoptaron tres modelos: a) el substitutivo, que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado (Chile, Bolivia, México, El Salvador y R. Dominicana); b) el mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó el privado como un segundo pilar (Argentina, Costa Rica, Uruguay y Panamá); y c) el paralelo que conservó el sistema público y agregó el sistema privado, los dos compitiendo entre sí (Colombia y Perú) (Mesa-Lago, 2008). Las reformas estructurales ordenadas por su fecha de entrada en vigor fueron: Chile (1981), Perú (1993), Argentina y Colombia (1994), Uruguay (1996), Bolivia y México (1997), El Salvador (1998), Costa Rica (2001), República Dominicana (2003) y Panamá (2008)”.

De especial relevancia para los participantes en el diálogo nacional para analizar la situación y proponer soluciones para salvar el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, es el capítulo en el cual se analizan las promesas y realidades de los sistemas de pensiones en América Latina.

Allí el autor ofrece una evaluación del desempeño de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos en las últimas cuatro décadas, “desde que entró en vigor el sistema chileno en 1981 y, especialmente en 1999-2019 (el período de tiempo para el que disponemos de estadísticas comparables en todos los países), basados en los cinco aspectos más importantes: 1) Cobertura de la población económicamente activa (PEA) o fuerza laboral y la población adulta mayor (65 años y más); 2) Solidaridad social e igualdad de género; 3) Suficiencia de las prestaciones; 4) Administración eficiente y costos razonables (competencia) y 5) Sostenibilidad financiera y actuarial. Estos aspectos se corresponden con los principios fundamentales de la seguridad social aprobados desde 1919 por convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo—OIT—a través de la votación tripartita de representantes de los trabajadores, empleadores y estados en la Conferencia Internacional del Trabajo (ver Mesa-Lago 2008)“.

Sobre este artículo, el autor señala que, “en cada uno de los aspectos/principios se confrontarán las promesas hechas por los reformadores (o la falta de pronunciamiento en algún principio) con la realidad de estadísticas fidedignas de los nueve países y de casi 200 fuentes bibliográficas. También, cuando sea posible, se comparará el desempeño de los sistemas públicos en los seis aspectos con el desempeño en los sistemas de pensiones privados. De acuerdo con su grado de desarrollo social, los nueve países se dividen en tres grupos ordenándolos de mayor a menor: los más desarrollados (Uruguay, Chile y Costa Rica), los de desarrollo intermedio (Panamá y México) y los de menor desarrollo (Colombia, El Salvador, Perú y República Dominicana)”.

Al final Mesa-Lago reitera su esperanza de que esta monografía sobre la experiencia de la privatización de los sistemas de pensiones en el continente, “sea lo más objetiva humanamente posible con argumentos y análisis documentados con estadísticas confiables y más de 200 fuentes bibliográficas, contribuya a un debate serio y profundo sobre la reforma previsional que resulte en una cobertura universal, con equidad social y de género, pensiones suficientes, administración eficiente con costos mínimos, y sostenibilidad financiera-actuarial asegurada.”. Es pues, una lectura obligatoria.