Hace poco más de un año me referí a la celebración de los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, subrayando que, luego de más de 30 años, los panameños no hemos cumplido con el compromiso de garantizar, mediante una ley o código, la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Esa deuda que tenemos como sociedad se hace más evidente hoy cuando los derechos de nuestra niñez han sido vulnerados hasta la saciedad en albergues donde se suponía que iban a encontrar bienestar y felicidad.
Frente a este maltrato inadmisible contra nuestra niñez, no han faltado las voces de dolor, indignación y repudio que claman a su vez por justicia, cierre de albergues, destituciones y hasta la merecida cárcel para los violadores de los derechos de los infantes. Aunque me sumo totalmente a esas voces de rechazo, reconozco que pudimos y debemos hacer más como sociedad, pues nuestra niñez, ya sea en estos albergues, en las calles e incluso en sus casas, es víctima frecuente de maltrato, abusos e impedimentos sistemáticos del ejercicio de sus derechos. En ese contexto actualizo este artículo, compartiendo a continuación mi artúclo de hoy en La estrella de Panamá, mientras mantengo la parte final con un breve resumen de los derechos de los niños. En este nuevo contexto, el Presidente ha solicitado que se depuren responsabilidades en un caso de presuntas violaciones a los derechos de los niños internados en albergues supervisados por el Estado. Pero no bastará que se destituya y castigue a los funcionarios responsables de tales atrocidades, que, por cierto, esperamos que lo haga pronto. Tampoco es la hora de conformarnos con la intervención de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que felicito y espero produzca beneficios tangibles y oportunos para nuestros niños. Pero lo más importante, es que es la hora de que la sociedad participe activamente, que deje de permanecer indiferente, disfrutando de la comodidad, mientras otros, esta vez, los niños, padecen a diario toda suerte de vejámenes.
Como señalé en aquel artículo, cuando nadie sospechaba que este drama estaba desarrollándose impunemente, “aceptemos que tenemos una deuda pendiente con nuestra niñez y adolescencia, y avancemos todos juntos y en forma coordinada; las instituciones gubernamentales, empresas privadas y sociedad, en el diseño e implementación de políticas sociales universales e inclusivas, de modo que todos los niños y niñas que nacen con los mismos derechos inalienables logren ejercerlos en el transcurso de su vida, independientemente de sus condiciones de nacimiento”.
Y como parece que hemos olvidado de los derechos de los niños, que aprobamos y nos comprometimos en garantizar al firmar la Convención, comparto a continuación un brevísimo resumen de éstos. Están hoy más vigentes que nunca, y estamos obligados a retomar cuanto antes las acciones para garantizar, con enfoque de equidad y justicia social, el cumplimiento de estos derechos entre nuestra niñez y adolescencia. Son nuestra generación de relevo, y más nos vale que los ayudemos a alcanzar su pleno potencial, de lo contrario el futuro del país es el que está en peligro. Aprovecho antes para invitarles a complementar ,la lectura con el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), titulado “América Latina y el Caribe a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
El estudio “reseña los logros alcanzados en la consecución de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como los retos que aún tienen pendientes los gobiernos y comunidades, para garantizar el pleno desarrollo de la infancia y la adolescencia. Examina las políticas públicas que han permitido avanzar en el cumplimiento de los derechos a la vida y al desarrollo, a un nivel de vida digno, a la salud, a la protección social, a la alimentación y la vivienda, a la educación, la protección, la participación y la identidad de los niños y niñas de la región. Se busca también visibilizar los desafíos que persisten para garantizar la efectiva vigencia de los derechos de la niñez que, en cuanto derechos humanos, son interdependientes y deben ser universales”.
Derechos de los niños panameños
Para comenzar, recordemos que la Convención constituye el primer tratado vinculante en relación con el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de la infancia y la adolescencia. Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no solamente como objetos de protección, y obliga a los países firmantes a la adopción de Códigos de la Niñez y la Adolescencia, o leyes de protección de la niñez que reconocen los derechos de este importante grupo poblacional. Por nuestra parte, ratificamos en 1990 la Convención y con ello asumimos el compromiso de adoptar un nuevo modelo de protección para la niñez y la adolescencia, con criterio de inclusión social. También hemos realizado importantes avances a favor de la niñez, impulsando las transformaciones institucionales y normativas para asegurar el goce de derechos a la niñez, de acuerdo con los artículos 17, 56 y 63 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Sin embargo, luego de más de 30 años, no hemos cumplido con el compromiso de garantizar, mediante una ley o código, la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. El mes de noviembre del año pasado formulamos un limitado proyecto de Ley de Primera Infancia y Desarrollo Infantil Temprano, el cual tenía como finalidad la protección integral de los derechos de los niños y niñas, desde su gestión hasta los ocho (8) años de edad. La propuesta, llegó a segundo debate en la Asamblea, y quedó en pausa. Enhorabuena, porque lo que necesitamos es un código que garantice el desarrollo integral pleno de la niñez, hasta la adolescencia.
Pero los derechos de nuestros niños no están en pausa. Están hoy más vigentes que nunca, y estamos obligados a retomar cuanto antes las acciones para garantizar, con enfoque de equidad y justicia social, el cumplimiento estos derechos entre nuestra niñez y adolescencia. Ellos y ellas, en todos los lugares, son nuestra generación de relevo, y más nos vale que los ayudemos a alcanzar su pleno potencial, de lo contrario el futuro del país es el que está en peligro.
Baste subrayar que, la Convención que aprobamos, se fundamenta en tres principios básicos: los derechos son universales, por lo que deben ser garantizados y protegidos para todos los niños por igual; los derechos son indivisibles, en tanto no existe jerarquía entre ellos y; los derechos son interdependientes, es decir que, para garantizar el cumplimiento de uno es necesario garantizar efectivamente los demás. Además de estos postulados, la Convención establece cuatro principios orientadores que guían la interpretación de lo establecido: el interés superior del niño, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y, por último, el derecho a la libertad de expresión y a ser escuchado.
En ese contexto, aunque hemos alcanzado muchos logros en materia de salud, educación, alimentación y vivienda, es importante que, cuando controlemos la epidemia, o mejor, desde ya mismo, consideremos y destaquemos que, existen desigualdades en acceso y ejercicio de esos derechos para grupos de niños y niñas, pues nuestro país es un ejemplo de desigualdad y, de focalización de la pobreza multidimensional que genera diferencias injustas e inadmisibles en el acceso a los beneficios del desarrollo entre diferentes segmentos de la población.
Parafraseando a la Cepal y Unicef en su informe al cumplirse los 30 años de la firma de la Convención: “la estructura de la desigualdad social en Panamá está fuertemente condicionada por su matriz productiva, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural, que lleva a que el estrato socioeconómico del hogar sea el determinante básico de la desigualdad. Adicionalmente, las desigualdades de género, así como las de índole étnico-racial y territorial, también constituyen ejes estructurantes de esa matriz, que se entrecruzan y potencian, y que resultan esenciales para explicar la magnitud y la reproducción de las brechas identificadas en el ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia”.
Comencemos por aceptar que tenemos una deuda pendiente con nuestra niñez y adolescencia, y avancemos todos juntos y en forma coordinada; las instituciones gubernamentales, empresas privada y sociedad, en el diseño e implementación de políticas sociales universales e inclusivas, de modo que todos los niños y niñas que nacen con los mismos derechos inalienables logren ejercerlos en el transcurso de su vida, independientemente de sus condiciones de nacimiento.
Derechos de los niños: breve resumen de comentarios finales de CEPAL y UNICEF
Contexto y enfoque de los derechos de los niños
“En los últimos 30 años, en el contexto de la aplicación de la CDN en América Latina y el Caribe se han observado transformaciones importantes en términos macroeconómicos, sociopolíticos y de crecimiento económico. Estos cambios posibilitaron acciones gubernamentales orientadas a mejorar la situación social en general, y de la población infantil en particular, sobre todo durante los inicios de la década de 2000. Asimismo, los mercados laborales facilitaron el avance de la CDN, y el logro de los derechos de los niños, gracias al bajo nivel de desempleo y la leve disminución de la participación laboral en los sectores de baja productividad, lo que hizo posible que se contribuyera más a los sistemas de protección social. Los cambios demográficos también han sido un aspecto clave que se debe considerar, sobre todo la disminución de las tasas de fecundidad, que ha reducido las tasas de dependencia y aumentado las posibilidades de ahorrar e invertir”.
Educación
“En términos del derecho a la educación, en el balance de la región se observan avances importantes en los diferentes ciclos educativos, entre los que se destacan el aumento de la cobertura y la conclusión educativa. No obstante, se encuentran deudas significativas en cuanto a la universalización de la educación preprimaria, así como a la disminución de las brechas según los distintos ejes de la matriz de la desigualdad…. Estas brechas ilustran el desafío pendiente en materia de inclusión, cuyo abordaje requiere considerar la desigualdad según los ejes de clase, género y territorio, así como de algunas poblaciones específicas, como las personas con discapacidad y las afrodescendientes e indígenas. Cabe destacar que para avanzar en el derecho de los niños a la educación no solo se debe aumentar la cobertura, sino atender el ingreso tardío de niños, niñas y adolescentes a la escuela, disminuir la repitencia escolar, asegurar la retención e incrementar los niveles de aprendizaje”.
Salud
“Una mirada sintética con respecto al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe refleja avances importantes, como un mayor nivel de cobertura de la atención y menores barreras de acceso a los servicios de salud para la población infantil y adolescente. No obstante, en cuanto al acceso universal a la salud, es clave señalar que aún persisten brechas e inequidades asociadas con la etnia, el ingreso o el territorio. Para que la atención de la salud sea adecuada en la región se requieren mayores esfuerzos para mejorar la calidad de los sistemas de salud, con énfasis en las desigualdades territoriales… Además de aumentar la cobertura y la calidad de la atención, es necesario seguir trabajando por aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento, en tanto estos tienen una relación directa con la menor morbilidad de la población infantil. Además, existen temas emergentes que afectan la salud y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluidas la mayor carga de las enfermedades no transmisibles y la necesidad de fortalecer los servicios de salud adolescente”.
Alimentación y a la vivienda
“La región se enfrenta actualmente al desafío de abordar la malnutrición, en la que se combinan la desnutrición, la deficiencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad. En este sentido, si bien en las últimas décadas se han conseguido avances significativos en cuanto a reducir la desnutrición, el problema no solo persiste en algunos países, sino que se presenta en paralelo con el aumento de la malnutrición por exceso (el sobrepeso y la obesidad) en las distintas etapas del ciclo de vida. Para poder alcanzar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los ODS que se relacionan directamente con la malnutrición se requiere perfeccionar el diseño y la implementación de políticas integrales encaminadas a mejorar la nutrición, lo que supone, entre otras cosas, considerar el eje territorial o el hábitat como un aspecto estratégico”.
Derecho a la vida y a un desarrollo saludable desde los primeros años
“La región ha avanzado considerablemente en cuanto al derecho a la vida y a un desarrollo saludable desde los primeros años, con un descenso alentador en los indicadores de mortalidad en menores de 5 años. Sin embargo, en los últimos análisis se pone de manifiesto la presencia de brechas que no se han visibilizado ni atendido lo suficiente y que se relacionan con los diferentes ejes de la matriz de la desigualdad, como la condición étnico-racial. Para abordar los desafíos que este derecho de los niños, niñas y adolescentes implica, es necesario reforzar la importancia y la particularidad del desarrollo infantil durante los primeros años, lo que requiere de políticas específicas, como la mayor atención a las enfermedades transmisibles en niños menores de 5 años. Especial atención merece la promoción de la lactancia materna exclusiva… Al mismo tiempo, existe el desafío de universalizar los controles del embarazo y aumentar su asiduidad mediante políticas de captación temprana”.
Derecho a vivir una vida libre de violencia
“El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia es una gran deuda pendiente para los países de América Latina y el Caribe. La incidencia de los homicidios entre la población infantil y adolescente, la proporción de mujeres casadas antes de los 15 años, y la naturalización de la violencia en las conductas y dinámicas de la convivencia cotidiana están muy presentes en la región y en niveles muy preocupantes.
Poner fin a la violencia contra las niñas y los niños requiere un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar las causas y los efectos de los distintos tipos de violencia, además de aumentar la comprensión y mejorar los sistemas de información que permiten visibilizar y denunciar la violencia contra los niños. Este enfoque multidisciplinario exige fortalecer los sistemas de protección social, salud, educación y justicia, entre otros, para prevenir la violencia antes de que ocurra y responder con servicios adecuados una vez que sucede… Este enfoque integral y multidisciplinario se traduce en estrategias de acción que abarcan implementar y cumplir los marcos legales de protección existentes, cambiar las normas y los valores para adoptar aquellos que promuevan la convivencia pacífica, promover ambientes seguros para los niños, apoyar a los padres y cuidadores en la crianza, empoderar a las familias desde el punto de vista económico, prestar servicios de respuesta y apoyo para los niños, y brindar educación y habilidades para la vida”.
Protección frente a la explotación comercial y el trabajo infantil
“Son notorios los esfuerzos realizados en la región durante los últimos 20 años para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes , erradicando el trabajo infantil. Han redundado en la disminución de la prevalencia de este a un 7,3% de la población total de niños de entre 5 y 17 años. No obstante, se aprecia una heterogeneidad entre los distintos países de América Latina y el Caribe, ya que en varios de ellos se alcanzan niveles muy preocupantes. El trabajo infantil es problemático en términos de la vulneración de los derechos durante la niñez y la adolescencia, y afecta en mayor medida a los hombres y a las poblaciones afrodescendientes e indígenas, así como a los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales. Con el objetivo de acelerar la consecución de los ODS en lo que respecta a erradicar el trabajo infantil, así como la meta de eliminarlo por completo hacia 2025, se destaca la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil y el marco acelerador de políticas que se elaboró en ese contexto”.
Derecho a un nivel de vida digno
“La región presenta grandes avances en cuanto al logro de un nivel de vida digno para todos los niños, niñas y adolescentes, y ello está relacionado con el hecho de que la incidencia de la pobreza ha disminuido en los últimos 15 años. No obstante, estos avances, el ritmo de las mejoras ha sido menos pronunciado entre la población infantil y adolescente que entre el resto de la población, y se ha mantenido un sesgo etario en la distribución del bienestar. Por otro lado, se aprecian mayores niveles de pobreza en la población afrodescendiente e indígena y en las áreas de residencia rural.
Para que todos los niños y las niñas puedan vivir en una región libre de pobreza, es esencial emprender una acción coordinada que permita diseñar e implementar políticas sociales universales e incluyentes, pero sensibles a las diferencias, que vayan de la mano con la creación o el fortalecimiento de sistemas integrales de protección social. Asimismo, los Gobiernos deberán continuar sus esfuerzos para garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aumentando la inversión en la infancia, lo que solo se podrá sostener si se generan suficientes ingresos fiscales en contextos estables de política”.
Derecho a la seguridad social
“En la población infantil existe una estratificación por ingresos en cuanto al acceso a la seguridad social, que está estrechamente vinculada con las desigualdades en el mercado laboral. La seguridad social contributiva protege menos a los niños, niñas y adolescentes que al resto de la población, principalmente por el sesgo etario del bienestar que se describió al inicio del documento. El mayor acceso a los sistemas de salud por medio de la afiliación de los padres es uno de los beneficios importantes de la seguridad social. La eliminación de las barreras de acceso a los beneficios de la seguridad social para las familias con niños, niñas y adolescentes, las asignaciones familiares de larga data que han funcionado como un componente central de los sistemas de protección social, así como los esfuerzos por ampliar los beneficios de licencia maternal o paternal, son algunas de las políticas que se deben promover para avanzar en lo relativo a este derecho”.
Derecho a la identidad
“En contraste con el resto de las regiones del mundo, América Latina y el Caribe se encuentra avanzada en cuanto al cumplimiento del derecho a la identidad, lo que se confirma al verificar el alto porcentaje de niños inscritos al nacer y las menores brechas según el ingreso. Si bien estos avances son alentadores, existen disparidades importantes en el progreso hacia este derecho de los niños, niñas y adolescentes, a lo largo de líneas como la zona de residencia o la condición migratoria, y esas disparidades tienen efectos negativos sobre la posibilidad de que algunas poblaciones accedan a la protección social”.
Derecho a la participación y al bienestar adolescente
“En los países de la región que se han analizado se aprecia una situación de relativa heterogeneidad en cuanto a los conocimientos cívicos, así como algunas brechas según el nivel educativo de los padres y un rezago al contrastar con el promedio internacional. Por otro lado, al analizar la participación de los niños mediante el nivel de uso de Internet vinculado con temas políticos y sociales, se observa que los países analizados de la región se encontrarían por sobre el promedio internacional. Es necesario analizar una mayor cantidad de países e indicadores para presentar un panorama de la situación en que se encuentra la población infantil y adolescente de la región en cuanto al derecho a la participación”.
